El objetivo marcado por el Gobierno es rehabilitar dos millones de viviendas hasta 2020. Profesionalización, planes regionales, racionalización de ayudas públicas, instrumentos de financiación, proyectos piloto y la creación de una agencia, las asignaturas pendientes. El retraso de la entrada en vigor de la Ley de Rehabilitación ha condicionado al sector.

Rehabilitar dos millones de viviendas hasta 2020 es el objetivo que se ha marcado el Gobierno durante este año. Un objetivo que, en consonancia con las exigencias de Europa, determinará la hoja de ruta para reconducir el sector de la construcción.

La estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética, publicada en junio de 2014, plantea una perspectiva de futuro capaz de orientar las decisiones de inversión del ciudadano, de la industria de la construcción y, fundamentalmente, de las entidades financieras. Sobre el papel, según los expertos, es un buen planteamiento a seguir.

Sin embargo, el Grupo de Trabajo sobre Rehabilitación (GTR), de cuyos cálculos se ha valido el Gobierno para elaborar la estrategia, identifica seis asignaturas que antes habrá que superar: profesionalización del sector, elaboración de planes regionales,racionalización de las ayudas públicas, nuevos instrumentos de financiación, proyectos piloto y la creación de una agencia.

Durante 2014 la financiación ha seguido siendo el talón de Aquiles de la rehabilitación. Así lo reconoció Juan Van-Halen, director general de Vivienda del Ministerio de Fomento, en una jornada celebrada el 26 de noviembre en el Congreso Nacional de Medio Ambiente (Conama). Su departamento, anticipó, está coordinando 30 proyectos piloto, "algunos de los cuales ya están empezando a andar y sus obras se verán en poco tiempo".

En ese mismo foro, Alberto Pulido, director de Negocio Hipotecario del Banco Santander, dio pistas de cómo debe ser un producto específico para la rehabilitación. "Para que el sistema financiero entre masivamente en el sector, no sólo tenemos que tener regulada la admisión del riesgo -conseguida con el reconocimiento de la personalidad jurídica de la comunidad de propietarios-, sino también regular el reembolso y, en su caso, el impago". Y es que, aunque sea un único propietario quien no pague, la entidad financiera sólo podrá actuar sobre la comunidad por ser el titular del préstamo y no sobre el moroso.

Pulido avanzó que está trabajando con Fomento para conseguir una modificación legislativa que permita que las cuotas de los créditos que otorgan las entidades financieras se asimilen a las cuotas de comunidad en lo que se refiere al carácter de la ejecutabilidad. Es decir, que el crédito que financia la derrama también pueda ser preferente. "Esto permitiría abaratar el coste financiero y resolvería el problema del impago individual, ya que el banco podría dirigir la acción de recobro hacia el propietario que no paga y no hacia la comunidad", explicó.

En el plano administrativo, el sector ha estado condicionado por el retraso de un año y medio entre la entrada en vigor de la Ley de Rehabilitación y el Plan de Vivienda 2013-2016 y la concesión de las ayudas desde las comunidades autónomas. Según José Carlos Greciano, secretario de la Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma (Anerr), "esta lentitud no ha permitido que el Plan Estatal sea el Plan Pive de la rehabilitación".

No obstante, según Van-Halen, están ya en marcha 46 conveniosespecíficos con comunidades autónomas y ayuntamientos para Áreas de Rehabilitación y Renovación Urbanas que suponenactuaciones concretas en 7.754 viviendas en 12 comunidades. "Y siguen llegando propuestas de las comunidades", concluye director general de Vivienda del Ministerio de Fomento.

FUENTE: EL MUNDO http://www.elmundo.es/economia/2014/12/19/5493f9c8e2704ea0438b4571.html?cid=SMBOSO25301&s_kw=twitter